Gobierno, frustrado: sindicatos rechazan plan estatal para función pública
La Administración Pública se enfrenta a un muro. Tras semanas de negociaciones infructuosas, los sindicatos de la Función Pública –CCOO, UGT y CSIF– han rechazado categóricamente la propuesta del Gobierno para incrementar las plantillas estatales, argumentando falta de transparencia y escasa dotación de plazas.
Falta de datos, promesas vacías y un calendario incierto
La reunión convocada por Óscar López, Ministro de Función Pública, concluyó sin acuerdo. Los sindicatos denuncian una negociación carente de información esencial: número de plazas, distribución territorial, datos de bajas por jubilación y, sobre todo, la ausencia de una cifra concreta. “Es una negociación sin datos ni garantías”, declaró UGT, calificando el proceso de “insuficiente y decepcionante”. CCOO fue aún más contundente, acusando a la Administración de “incapacidad” para presentar una oferta viable, mientras que CSIF alertó sobre el riesgo de pérdida definitiva de las 5.765 plazas de turno libre y las 3.238 de promoción interna de personal laboral de 2023, 2024 y 2025, pendientes de convocatoria.
El rechazo se ampara, además, en la coincidencia de tres factores críticos: el proceso de regularización de inmigrantes, que agrava la presión sobre organismos clave como Extranjería y Seguridad Social; la implementación de la jornada laboral de 35 horas, que exigirá refuerzo de personal; y la acumulación de ofertas públicas sin ejecutar, que amenaza con la caducidad de la OEP de 2023.
Medidas paliativas, no soluciones
A pesar del rechazo, el Ministerio ha anunciado medidas como la solicitud de informes a los departamentos con bajas tasas de cobertura selectiva, la revisión del acuerdo de promoción interna y la incorporación de módulos digitales en los cursos selectivos. Sin embargo, la OEP principal sigue en el punto muerto, con un calendario incierto y la previsible falta de aprobación en el Consejo de Ministros. La situación es alarmante, advierte Javier Arauz, abogado especializado en derecho laboral, instando a los interinos en situación de abuso de temporalidad a tomar precauciones.
El Gobierno se ha comprometido a convocar las plazas pendientes, pero los sindicatos lo reciben con escepticismo, dada la repetición de retrasos en convocatorias anteriores. La tensión es palpable, y la estabilidad de la Administración Pública pende de un hilo. La realidad es que, lejos de ofrecer respuestas, la propuesta gubernamental ha exacerbado las tensiones y puesto de manifiesto la necesidad urgente de un plan estratégico de refuerzo de plantillas, no meras promesas falsas.